Sociedad civil intermitente

Por Brandon Ramírez

En el ideario colectivo de nuestro país (o al menos de la Ciudad de México) está la idea de que nuestra sociedad civil surgió en los años cincuenta o sesenta del siglo pasado, teniendo su culmen en los ochenta, tras el sismo, que demandó una movilización intensa por parte de los ciudadanos, que en el espacio público estaban acostumbrados a un presidencialismo exacerbado, que no dejaba espacios para participar.

Desde entonces comenzó a cambiar el país a un mayor ritmo, ya que sumada a algunas organizaciones que se mantuvieron de entonces, sumadas a las que venían de décadas previas, acompañaron las presiones y cambios políticos del país, aunque quizá nunca al nivel de exigencia que cabría esperar en un país democrático.

Con las alternancias al final no se lograron cambios significativos, y la idea de que los políticos eran todos iguales, que no hay distinción entre partidos, y los escándalos de corrupción e impunidad a los que lastimosamente parece que nos fuimos acostumbrando, fueron generando una falsa dicotomía ciudadanos-políticos, bajo un discurso maniqueo los buenos-los malos. Así se promocionaron algunas campañas independientes, aunque en algunos de los casos los candidatos seguían siendo políticos profesionales.

El desprestigio de los partidos, que no es una excepcionalidad mexicana sino una idea bastante extendida en las democracias. Y es algo extendido a otras instituciones: poca gente confía en la policía, los propios partidos se han encargado de desprestigiar al Instituto Electoral, que en sus inicios contó con mucho prestigio, etcétera.

Este escenario pudo vislumbrarse tras el sismo vivido recientemente; aunque ahora las instituciones públicas estaban preparadas para responder, aunque necesariamente de forma más lenta que la participación de los ciudadanos in situ, ese resquemor que se siente hacia todo lo que parezca política profesional, impidió que en muchos puntos pudieran coordinar de forma efectiva los esfuerzos. También, muchas personas preferían donar de forma directa, sin intermediarios, sabedores de los rumores de que la ayuda era cooptada por las instituciones públicas para su uso político, aunque a la larga ese tipo de esfuerzos puede focalizar la ayuda en pocos lugares y no en la totalidad de donde se requiere.

Esa misma ola de descrédito a las instituciones y todo lo que se acerque a la política, hizo que creciera la idea de que los partidos debían donar el dinero que la hacienda pública les otorga, para sus campañas y gastos operativos. Para limpiar su imagen, los partidos entraron en una lógica de proponer un monto cada vez más alto, hasta llegar a la idea de 100%, e incluso surgió la propuesta de eliminar el financiamiento pública y la ya recurrente fórmula de quitar los diputados plurinominales. Obviamente, en un escenario como el mencionado, estas propuestas no pueden más que ser plausibles para los ciudadanos. Pero no se pueden proponer cambios así de estructurales en un momento de crisis, sin un debate serio al respecto; como medida extraordinaria, el dar los fondos de los partidos puede ser una solución coyuntural, pero legislarla al vapor y llevarla al marco jurídico vigente, así como así, no tanto.

Es cierto que los partidos y políticos se han ganado a pulso su descrédito, como lo es también que no todos los políticos son necesariamente iguales, todos malos, y los ciudadanos todos buenos. La corrupción se da en ambos grupos, que por otro lado no están separados, sino integrados. Por otro lado, el financiamiento público y los diputados de representación proporcional fueron los mecanismos que se introdujeron para que la oposición creará contrapesos en el Congreso y fuera competitiva en las elecciones; quitando las diputaciones plurinominales, los partidos con presencia nacional obtendrían siempre la mayoría, ya que está probado que en las elecciones de mayoría relativa el actual partido en el gobierno es quien más curules obtiene elección tras elección, y dejaría fuera de las cámaras a los partidos de oposición; por otro lado, quitar el financiamiento público pondría las elecciones básicamente en manos de los empresarios y muy probablemente grupos criminales, quienes inclinarían definitivamente la balanza a su gusto, quitando a los ciudadanos parte del poder. Para una democracia y sistema de partidos como el nuestro, sería dar varios pasos hacia atrás. Podría ser mejor solo reducir el financiamiento y modificar como se desarrollan las elecciones en tiempo y forma.

Los partidos políticos han sido la alternativa más funcional en las democracias. Aprovechar un escenario de crisis para avanzar una agenda que los debilite institucionalmente, en un contexto de continuo descrédito no parece adecuado. Las distintas formas de democracia directa, sin partidos, no han funcionado en la realidad, y estos siguen siendo parte importante en todos los países, pese a todo. En parte, el permitir los niveles de corrupción e impunidad en el país es culpa de nosotros, como ciudadanos; esa sociedad civil que surgió hace unas décadas, nunca se ha consolidado, ni puesto al nivel que le exigimos a las instituciones públicas.

Aunque la solidaridad en momentos de crisis es patente, creo que en el día a día tendemos a ser más bien egoístas, y mirar por el beneficio personal. Esa postura es la misma que se replica en el sistema político, del que todos los ciudadanos formamos parte. Más que buscar debilitar y castigar a los partidos en su totalidad, deberíamos exigirles y seguir avanzando, como se ha hecho hasta ahora, con iniciativas como el 3 de 3, y presionando por la construcción de instituciones más sólidas, por ejemplo.


Imagen: http://www.fian.org/fileadmin/user_upload/People_s_manual.JPG

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