Las Leyes Secundarias en Materia Energética: el debate necesario

La promulgación de la Reforma Energética en diciembre de 2013 constituye la mayor transformación en la historia económica del país. Las modificaciones introducidas a nuestro marco constitucional representan el fin del nacionalismo petrolero de 1938 y la reincorporación del capital privado en actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos.  Además de su participación, prácticamente, en toda la cadena de valor de los combustibles fósiles y en la generación de electricidad en México.

El sector energético es un área estratégica para el país por su contribución al suministro de combustibles para satisfacer el consumo nacional y, mucho más importante aún, por su aportación a los ingresos del sector público. Tan sólo la comercialización del petróleo equivale, en promedio, al 30% del presupuesto federal. La Reforma Energética y su implementación a través de la expedición y modificación de 21 Leyes Secundarias incorporan una nueva dinámica de organización de los sectores de hidrocarburos y eléctrico que por la profundidad de los cambios exige un amplio debate sobre los principios que los regirán.

Reiteradamente legisladores en el Congreso de la Unión y un sector de analistas políticos argumentan que la Reforma Energética es un asunto sobre debatido. Desde su punto de vista, investigadores, funcionarios públicos, congresistas y empresarios de diversas posturas ideológicas han ofrecido sus propuestas sobre la mejor forma de capitalizar nuestros recursos energéticos, la cuales, se integraron a la Reforma aprobada. No obstante, el supuesto debate se ha transmitido a la ciudadanía mediante un resumen ejecutivo de objetivos que, en el marco de la suposición, serían alcanzados tras la adopción de las Leyes Secundarias. Desde la captación de mayor renta petrolera hasta la progresiva disminución de las facturas energéticas. Sin embargo, existe una ausencia de debate público real sobre la estrategia y las implicaciones ambientales, sociales y financieras asociadas a la Reforma Energética. Si tal debate existiera como es común afirmar, cualquier ciudadano, si bien sin ser experto en temas energéticos, debiera tener una idea clara, por ejemplo de:

  1.  ¿Qué es una regalía y porque decidir una tasa del 10% sobre el valor bruto de los hidrocarburos extraídos?
  2. ¿Porque excluir del pago de regalías a las empresas energéticas cuando el precio del gas natural esté por debajo de los 5 dólares por millón de unidades térmicas británicas?
  3. ¿En consiste la transmisión onerosa de los hidrocarburos?
  4. ¿Cómo se calcula el valor contractual de los hidrocarburos?
  5. ¿Cómo funciona el mecanismo de servidumbre legal de los hidrocarburos que representa el sustento jurídico para que la Secretaría de Energía esté en condiciones de iniciar procesos de expropiación de tierras de interés energético?
  6. ¿Qué es la utilidad operativa en las rondas de adjudicación de los contratos?
  7. ¿Cuáles son las implicaciones de la explotación de los hidrocarburos no convencionales en México, particularmente, de gas y petróleo de lutitas (shale gas y shale oil) considerando su alto consumo de agua para su extracción y las condiciones de importante estrés hídrico en el país.

Los anteriores asuntos son apenas una mínima fracción de los múltiples temas que dada su complejidad se trasladan a la esfera del debate técnico donde la ciudadanía es abstraída. No obstante, su discusión es sumamente relevante ya que inciden directamente tanto en la cantidad de ingresos que percibirá el gobierno como en la generación de afectaciones a la ciudadanía derivadas de las actividades energéticas. En estas condiciones, el debate público y amplio es necesario e irrenunciable dado que las Leyes Secundarias determinarán las relaciones económicas del país que trascenderán la temporalidad de la actual Administración.

Las decisiones contractuales a la luz del nuevo sistema energético son de índole estratégica y de carácter Estatal por su magnitud y, como tal, la ciudadanía debe de contar con todos los elementos posibles de información. Al decidirse sobre un modelo energético abierto a la inversión privada, la ciudadanía debe estar informada de las incidencias del proceso de discusión de las Leyes que reglamentarán las relaciones económicas del Estado y las empresas y los legisladores deben promover y garantizar este derecho democrático. Ello con la finalidad de adoptar un marco legal que genere condiciones favorables para el país en la negociación de los contratos de explotación de los recursos energéticos propiedad de la Nación.

El primer paso, sin duda, es un debate transparente. El debate de las Leyes Secundarias en materia energética es una segunda oportunidad para la clase política de modificar sus prácticas de negociar de madrugada, de votar sin reflexionar y de rendirle cuentas a la ciudadanía sobre los alcances de sus decisiones, la Reforma Educativa, de Telecomunicaciones y la Política debieron, por su naturaleza, seguir este camino. El debate es necesario.

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