Las candidaturas independientes en México (Parte uno)

Por Uriel Carrillo Altamirano

Aunque la democracia en México ha sido considerada como el mecanismo para elegir a los gobernantes del país, hace menos de 40 años que el camino hacia un mejor Estado democrático comenzó. Varias son las reformas que se han implementado en el sistema político mexicano para transitar al estado utópico de participación y organización.

Como parte de un sistema democrático de gobierno, México se ha visto en la necesidad sistemática y contextual de plasmar reglas que determinen el carácter y las funciones de todos aquellos que se inmiscuyan. Esto implica a toda la población, puesto que cada cierto período se inicia la etapa de elecciones para representantes.

En el caso de México el sistema de partidos políticos es relativamente nuevo. A partir de la intromisión de nuevos elementos y hechos en el sistema político se ha logrado iniciar una transición a una democracia de consolidación. Esto primordialmente por las reformas impulsadas en 1977, con las cuales se dotó de herramientas a los partidos para ingresar a la vida política del país y, como consecuencia, hacer dinámico al sistema.

Ante esto, fue necesario establecer una serie de regulaciones legales que, por un lado, defendieran y aseguraran el ejercicio de este derecho político y, por el otro, establecieran una serie de obligaciones y condiciones para quien lo emite; así como para quien lo necesita en la praxis. “Su correcto diseño y el reconocimiento de su validez por parte de los actores involucrados en el juego electoral son una premisa indispensable para el buen desempeño de un orden político estable y funcional” (González G., 2015,11).

De ésta manera, varios autores han recalcado que la reforma electoral de 1977 es fundamental en la renovación del sistema político mexicano, porque permitió pasar de una estadía pasiva de la democracia a una creciente dinámica en la organización del poder político. Esto se justifica con la pluralidad democrática y la creación de mecanismos legales que aseguren alternativas políticas reales. De esta manera “el voto se convirtió en la pieza crucial que permitió la transformación de un régimen autoritario y cerrado en un régimen abierto y competido, donde las distintas voces, proyectos e intereses pueden expresarse” (González G., 2015, pág. 19).

Sin embargo, las fallas estructurales del sistema general no permitieron el desarrollo completo y esperado de cada reforma, pero permitieron crear nuevas relaciones y nuevos tipos de interacciones entre los elementos ya existentes del sistema político mexicano. De ésta manera, a partir de 1988 la cantidad de partidos aumentó. Convirtiendo a la pluralidad en uno de los ejes principales de la democracia mexicana, esto bajo el marco de las posibilidades reales de hacer un cambio.

“La dinámica de un sistema de partido hegemónico hacía muy difícil la competencia política real, las oposiciones fueron optando por ser leales o de plano dóciles frente al partido de Estado, creando el efecto perverso de olvidar sus causas y avanzar en la obtención de beneficios personales para sus dirigentes” (Álvarez Arredondo, 2012:55).

A partir de entonces y con la implementación de nuevas reformas (1988-1989, 1993, 1994, 1996), el sistema de partidos políticos cambió. Con ello la democracia cada vez más se acercaba a su consolidación como forma de gobierno legítima y válida para el país.

Durante la etapa final de la década de 1990, la cámara de diputados fue el ejemplo claro de los cambios en las preferencias electorales. Además, el surgimiento de nuevos partidos fomentó la participación de los electores. Fue la época de muchas primeras veces para México. Por ejemplo, un partido viejo y con la mayoría de poder fue desbancado, es decir, las relaciones de poder fueron restablecidas.

Ya en el siglo XXI el cambio más evidente fue la alternancia política (PAN). Un signo de que el sistema se había movido y la fuerzas se reacomodarían. Sin embargo, esto no bastó para lograr una transición porque las estructuras fuertes del sistema permanecieron y condicionaron a los nuevos.

A 30 años de la reforma de 1988, muchos partidos políticos han intentado conseguir el voto de los ciudadanos. Algunos han fracasado en el intento y han desaparecido del sistema. Mientras que otros han creado estrategias que les permitan sobrevivir, tales como el desarrollo de estructuras clientelares, alianzas con partidos más fuertes, prácticas económicas ilícitas y relaciones con actores no permitidos. “La desaparición de partido emergentes que no pudieron consolidarse en el electorado por ser percibidos como franquicia y negocio familiar…” (Álvarez Arredondo, 2012: 67).

Bajo este breve recuento y condiciones ya mencionados, en épocas recientes las candidaturas de personas independientes se han vuelto y un respiro para los ciudadanos que están cansados de los partidos políticos, así como de una gran desconfianza hacia las personas que ocupan los cargos.

Aunque las candidaturas independientes no estaban prohibidas, tampoco lo estaban permitidas, en el sentido en que no eran reconocidas ni reguladas como tal, por lo que, durante la última década los ciudadanos que deseen postularse a algún puesto público tuvieron que sortear varias dificultades legales, económicas y, por qué no, políticas.

2.      candidaturas independientes

A pesar de lo anterior, en el 2014 (después de todo un conjunto de reformas anteriores) el poder legislativo decidió modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En consecuencia, el terreno y las arenas políticas sufrieron cambios que favorecen a algunos más que a otros.

De manera general, cabe recalcar que se crearon ordenamientos jurídicos con el objetivo de regular los procedimiento, instituciones y actores en los procesos electorales; homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales; además, el Consejo General del Instituto Nacional Electotral se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados; y el INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización de elecciones.

Sin embargo, dos de los puntos más importantes y debatibles sobre ésta reforma son el INE y las candidaturas independientes. Sobre el primer punto cabe mencionar que éste cambió su carácter de federal a nacional con la intención de centralizar la mayor parte de las funciones y capacidades con respecto a toda la materia electoral. De tal manera en que el instituto se convierta en el eje rector que decida todo sobre las elecciones, los candidatos, las condiciones, recursos y conflictos por resolver. Lo que en consecuencia puede traducirse en un aumento de poder y responsabilidades que debe cumplir eficazmente.

 Por otro lado, en el caso de las candidaturas independientes estas se reconocen y se incorporan con una serie de requisitos que las conviertan en una alternativa política. Entre éstas destacan: la formación de una asociación civil para la organización de la campaña, la recolección de firmas por parte del 1% de la población (en el caso del cargo para presidente), transparencia en el uso del dinero. Mientras que, por el otro lado, los beneficios que reciben son el financiamiento público (reconocidos como un partido político nuevo) y privado (10% del tope establecido por año), el acceso a los tiempos en medios de comunicación (reciben una parte del 30% destinado a todos los candidatos).

Cabe analizar, entonces, que existe una desventaja clara entre los partidos y las candidaturas independientes que, aunque no son lo mismo, persiguen fines iguales en una elección. Es decir, ambos desean ganar a elección, pero los recursos que cada uno posee son distintos. Los más destacados tienen que ver con los recursos económicos, ya que, por un lado, el financiamiento público que reciben está contemplado bajo la lógica de ser un partido nuevo.

 “Mientras los partidos políticos viven y realizan sus actividades permanentes con base en los recursos que les son proporcionados por el Estado en forma permanente y de acuerdo con los resultados que mantenga en la actividad política, los candidatos independientes no cuentan con esos recursos en forma permanente sino sólo durante el proceso electoral respectivo, que limita la posibilidad de construir economías de escala que sirvan para todas las actividades políticas que desarrollen, incluyendo las distintas campañas políticas que emprendan” (Báez Silva, Carlos y Tello Mendoza, Martha A. 2015).

 Por otro lado, en cuanto a la estructura organizacional “mientras los partidos políticos tienen un proyecto de permanencia en el tiempo, que tiene por objeto allegarse de simpatizantes y militantes que auxiliarán al partido con su voto en distintas elecciones para formar tal gobierno, los independientes tienen un proyecto que se extingue naturalmente con la elección, y su pretensión se circunscribe al resultado de la contienda correspondiente y no pretende la formación de cuadros o de estructuras de gobierno permanentes, por lo cual resulta incorrecto asemejar a dos estructuras que son esencialmente distintas” (Báez Silva, Carlos y Tello Mendoza, Martha A. 2015).

 Sin embargo, cabe precisar que la asociación civil simulará ser un partido político ya que estará integrada por una gran cantidad de personas dispuestas a apoyar antes, durante y después de la campaña. Además, nada nos asegura que la asociación civil desaparecerá, tal vez sí de manera legal, pero en la realidad permanecerá. Esto en el sentido de que él o la candidata no puede trabajar solo, por lo que se hará de un equipo de trabajo tan grande como lo considere. Tal vez no lo llamen partido político, pero seguirá las líneas de estructura y organización de uno.

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