El derecho a la movilidad urbana

Por Sergio Andrade

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes es un instrumento programático de la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio. Dentro de estos derechos emergentes se encuentra el derecho a la movilidad urbana; el derecho que toda persona tiene para circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado, pues la movilidad urbana es una necesidad básica y que debe estar garantizado en el marco de la igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.

La movilidad urbana es un fenómeno que juega un papel fundamental en la sociedad, en tanto que permite las actividades, integra los espacios y nos permite acceder a los bienes y servicios más básicos para tener una vida digna. No existe ninguna actividad, sea profesional, de estudio, de vida familiar, asociativa o cultural que pueda realizarse sin una necesidad relativamente importante de movimiento, por tanto, la movilidad es una actividad que existe más allá de la voluntad política.

La movilidad ha estado equiparada al término de transporte durante mucho tiempo, incluso hoy en día la mayoría de las ciudades mexicanas centran sus preocupaciones en el movimiento de vehículos en las vías y en la gestión de flujos, tránsito, etc., invirtiendo lo mínimo en las necesidades de las personas. Esta idea que equipara la movilidad con transporte genera desigualdad y disminuye nuestra dignidad e integridad al violar el derecho a la movilidad y todos los derechos humanos relacionados a ella.

El peatón – que somos todos –  es el principal actor vulnerable, es quien debe caminar por banquetas estrechas, esquivando puestos y postes, incluso en ocasiones viéndose obligado a caminar sobre la calle por la ausencia total de banquetas. El peatón se convierte en usuario de transporte público después de largos periodos de espera en la parada del autobús. Al subir al camión desvencijado, el usuario debe hacerse un espacio entre los demás usuarios que le permita poder bajar a tiempo una vez llegado a su destino, pero al mismo tiempo debe ser un espacio seguro en donde pueda evitar un accidente a la hora de que el conductor decida frenar de golpe.

El ciclista, otro actor vulnerable, debe transitar entre el tráfico de los autos con la esperanza de no ser atropellado y de no llevarse un par de insultos por parte de los siempre amables automovilistas. Al llegar a su destino el ciclista debe encontrar el poste más cercano para amarrar su bicicleta – la cual generalmente se convierte en un obstáculo para el peatón – con toda la esperanza puesta de que al salir se encontrará en el mismo lugar.

Con todo lo anterior queda claro que no todas las personas gozan de las mismas oportunidades para realizar movimientos que les permitan construir espacios, acceder a lugares o incluso satisfacer necesidades básicas, lo que hace de la movilidad un factor de exclusión para todos los ciudadanos. A estos factores debemos incluir a todos los usuarios con discapacidades, en cualquiera de sus formas. Las banquetas y el sistema de transporte son trampas mortales para personas con discapacidad visual y en su mayoría poco incluyentes (o nada incluyentes) para otros usuarios con discapacidades motoras, así como para personas de la tercera edad. Es por esta razón que las políticas públicas en esta área deberían orientarse a generar las condiciones para que los factores tales como la edad, el sexo y las condiciones físicas de los habitantes de una urbe, sean considerados, contribuyendo así a la inclusión social.

En primer lugar debemos dejar de considerar que la movilidad puede ser expresada en términos de viajes-persona-día, una relación limitada de oferta-demanda. En lugar de eso debemos de tener claro que la movilidad debe valorizar el carácter activo de las personas y de la sociedad en su conjunto como entes móviles. De manera que las inversiones en movilidad velen por las necesidades de todos los actores, de sus valores y sus múltiples usos, con el único fin de empoderar a las personas y no a los medios.

En segundo término debemos dejar a un lado las políticas clásicas que tienen como objetivo central el automóvil, que tratan de facilitar su circulación y hacer el tráfico más fluido. Esta postura ha promovido e incentivado el uso de vehículos motorizados y ante el enorme aumento del nivel de motorización, estas políticas resultan ineficientes para garantizar las necesidades de los ciudadanos para trasladarse. Además de que el modelo basado en el uso intensivo del automóvil no concuerda con las bases del desarrollo sostenible.

Para garantizar el derecho a la movilidad urbana se deben combinar objetivos interrelacionados para la transformación física, social y económica para la construcción de un modelo integral de movilidad y espacio público en donde al automóvil deje ser el principal protagonista.

La movilidad urbana, entendida como la necesidad de los ciudadanos de trasladarse, es un derecho humano y social que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria.


Imagen: https://zonacycling.com/material/page/15/

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