El agua y las leyes mexicanas

Por Earthgonomic

El derecho al agua es un derecho universal, para todos los seres vivos en el planeta (plantas, animales y la humanidad); sin embargo, su resguardo y protección son tarea de las personas para que el líquido perdure aún por muchas generaciones más.

Tú, ¿estás informado sobre quién y qué dice la ley a este respecto? En el siguiente contenido conoceremos los fundamentos de su regulación.

En la Constitución Política de México, se señala que la gestión jurídica del agua se pone de manifiesto en los artículos 4, 27 y 115, así como la Ley de Aguas Nacionales (LAN).

El primer artículo que señalamos reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, el Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

Por su parte, el artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

Mientras que el artículo 115 especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

En cuanto a la legislación secundaria, la LAN –que se promulgó en 1992 y fue reformada casi en su totalidad en 2004- es el ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional; regula la distribución y control del agua, y designa a la Comisión Nacional del Agua como el órgano responsable de ejercer la autoridad y administración del agua a nombre del Ejecutivo.

Otras leyes secundarias se relacionan también con el tema de agua, como la de cambio climático, la de desarrollo forestal sustentable, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, la ley minera y otras. La Ley Federal de Derechos, por su parte, clasifica las zonas de disponibilidad de agua y determina las tarifas por uso, así como el cobro por descarga de aguas residuales con base en su calidad y la de los cuerpos de agua receptores.

Según el portal agua.org.mx, no obstante la normatividad existente, desafortunadamente, prevalecen problemas como los malos hábitos y prácticas en el uso del agua que fomentan el desperdicio; malas condiciones de la infraestructura; insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; la falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la federación, los estados y los municipios, entre algunos otros.

Por ello, debemos de sumarnos como agentes de cambio para que desde ahora tomemos consciencia del papel que representamos, haciendo partícipes a jóvenes y pequeños para que valoremos y cuidemos al agua, como un elemento esencial para nuestra vida.

 

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