De Nieto y la FEPADE

Por Víctor Manuel Cruz Martínez

La Procuraduría General de la República está atravesando una situación verdaderamente alarmante, y es que en los últimos días el titular de esta dependencia renunció a su cargo con el objetivo de no “estorbar” en la creación de una Fiscalía General.

Aunado a esto, quien tomó el mando de dicha institución (Alberto Elías Beltrán) decidió cesar de sus funciones al ahora ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Santiago Nieto Castillo, basándose en que transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la dependencia al revelar información a un reconocido medio de comunicación.

Esta errónea decisión mina de modo crucial la confianza y credibilidad que se espera de las instituciones electorales, asimismo  pone en riesgo el Estado de Derecho a nivel nacional ya que deja ver la crisis que enfrenta el órgano encargado de la procuración de justicia.

De la misma manera, la destitución del fiscal especializado en delitos electorales merma el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018 que está ya en curso, y que será el más grande en la historia contemporánea del país.

Las instituciones electorales en pleno proceso deben estar completas y funcionando al cien por ciento para que la sociedad en general pueda otorgarles confianza y a su vez éstas mismas brinden certidumbre.

Esto a razón de que el engranaje formado por la parte orgánica-administrativa que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, la parte jurídica perteneciente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la instancia encargada de investigar los delitos en materia electoral queda incompleto, creando una percepción de incertidumbre de cara a la elección del titular del ejecutivo federal, el congreso en su totalidad y los demás cargos de elección popular en juego.

Naturalmente la efervescencia política no se hizo esperar, y es que para que dicha remoción pueda culminar, es necesaria la ratificación del Senado, sin embargo, varias fuerzas políticas han manifestado su rechazo y oposición a un acto que se ha determinado como arbitrario y sin fundamento por parte del gobierno federal, al considerar que Nieto Castillo se convirtió en el funcionario incómodo para la actual administración.

Lo anterior con base en que el ex dirigente de la Fiscalía  llevaba investigaciones sobre presuntos recursos económicos obtenidos de manera ilícita para el financiamiento de la campaña presidencial realizada en 2012 por el entonces candidato del partido gobernante.

Asimismo, el problema de fondo es que salta a la luz los actos de corrupción llevados a cabo por la empresa multinacional Odebrecht que, según medios, financió de manera ilegal la campaña presidencial del Revolucionario Institucional.

Santiago Nieto presentó una objeción para evitar el cese del cargo que ostentaba, sin embargo, de manera inesperada decidió retirar la misma, lo que se observa como una determinación autoritaria para los miembros de la cámara alta, causando una solicitud para que comparezca ante el pleno el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

Funcionarios del gabinete federal se han pronunciado al respecto, y de manera tajante han señalado que en ningún momento se trató de una decisión arbitraria, si no al contrario, que es importante que las instituciones se fortalezcan, y si una de éstas falla, es necesario corregirla.

El mismo Secretario de Gobernación afirmó que el gobierno federal no impondrá a nadie, ni tendrán un Fiscal A Modo y que confía en que las diferentes bancadas lleguen a un consenso para nombrar a quien encabezará la fiscalía encargada de dar atención, seguimiento y sanción a todos los delitos que puedan presentarse en materia electoral.

Lo trascendente de esta delicada situación es lo que se puede leer entre líneas, sería un poco ingenuo el suponer que la destitución no pasó por las manos del Ejecutivo Federal al más puro estilo del partido hegemónico que gobernó por 70 años con un fin tanto político como electoral.

A 9 meses de que se convoque a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, nace un mal presagio que va desde una Procuraduría sin cabeza, hasta una Fiscalía acéfala que se encuentra en el limbo de la credibilidad social.

Claramente esto repercutirá de manera certera a una crisis postelectoral, la cual se está dejando ver a distancia, y ante esa misma, los órganos que regulan el acceso de quienes nos representaran y ejercerán el poder político en los próximos ciclos deben ser fuertes, sólidas y con carácter.

Habrá que esperar a que se ratifique la remoción y se nombre al nuevo fiscal en materia de delitos electorales (cuyos candidatos comienzan ya a sonar) para poder proyectar el futuro de la FEPADE, no obstante, mientras eso sucede, el duro golpe que recibió dicha dependencia quedará marcado por un lapso considerable.

Será interesante el actuar de esta fiscalía, asimismo será un parte aguas con un nuevo titular, ya que a lo que se enfrentará no serán temas menores. Esperemos que quien la dirija se comporte a la altura de las circunstancias.


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